Autoridades Civiles, Militares, Policiales, Judiciales, Actores del Sistema y Usuari@s de la Justicia.
Nunca como hoy el Poder Judicial Dominicano ha exhibido una independencia orgánica y funcional, en consonancia con el desarrollo que ha experimentado la sociedad dominicana, es por ello, que se ha de estar conciente de que la inamovilidad como principio constitucional debe plasmarse en la realidad como valor ético en la justicia pronta, eficiente y cumplida, porque como expresara Blas Pascal “El mejor libro moral es la conciencia.”
El Sistema Judicial Dominicano está compuesto por capital humano creativo e innovador, que legitima la justicia, mediante la tutela efectiva de los derechos de l@s justiciables, empleando el plazo razonable como un imperativo para salvaguardar los derechos fundamentales, lo que conlleva utilizar más que la inteligencia individual, la inteligencia colectiva.
La Reforma Constitucional, plantea un gran reto para la Justicia Dominicana, lo que debe entenderse como una oportunidad para crecer; pensando que en una sociedad democrática la principal regla es la competencia, en la cual deben interactuar líderes emprendedores, capaces de trascender en el tiempo, plasmando huellas socialmente ejemplificadoras. Es precisamente esto, lo que han de emular l@s operadores judiciales con decisiones que impacten positivamente la construcción del Estado Social Democrático de Derecho.
Oportuna es la ocasión para resaltar el honor conferido a la mujer dominicana en la persona de la Magistrada Eglys M. Esmurdoc, Segunda Sustituta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la cual forma parte de la Comisión Ejecutiva de los encuentros de Magistradas de Cortes Suprema de Iberoamérica, y asimismo destacar el accionar de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial Dominicano a nivel Nacional e Internacional, la cual durante el año 2009 emprendió una campaña de sensibilización de las juezas y los jueces de la República en los diferentes Departamentos, enfocando las causas y las formas de violencia desde un punto de vista práctico y concienciando l@s administrador@s de justicia en relación a la importancia de las libertades fundamentales, el reconocimiento y goce de los derechos humanos de las mujeres, así como el derecho de éstas a la plena participación en todas las esferas de la vida; realizando un excelente trabajo en equipo con el Ministerio Público y la Sociedad Civil, en suma, enarbolando la igualdad de género como parte de un postulado básico de paridad real de todos los seres humanos.
De igual manera en el año 2009, la Escuela Nacional de la Judicatura se consolidó como pilar fundamental del conocimiento, siendo un punto de convergencia de los operadores del sistema jurídico de toda Iberoamérica, lo cual más que un privilegio constituye un orgullo no sólo para el Poder Judicial, sino para todo el conglomerado social dominicano.
En el último lustro la Corte de Apelación ha concluido su labor decidiendo todos los casos año tras año, cumpliendo así con una administración de justicia enmarcada dentro del plazo razonable e instaurando también ésta práctica cada mes, a los fines de tutelar real y efectivamente los derechos de l@s justiciables, solucionando así la mora judicial. Esto ha sido posible, por la unidad de esfuerzos en la Mesa Multisectorial de los operadores de justicia de esta zona; Juez@s, Ministerio Público, Defensoría Pública, Abogad@s, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Encargado de Recinto Penitenciario y nuestro eficiente personal de apoyo. En verdad, en la solución de los conflictos administrativos y jurisdiccionales: “Nadie sabe tanto como todos juntos.”
Es importante reconocer también la capacidad y entrega de l@s integrantes de la Jurisdicción Inmobiliaria que funciona en este Departamento, compuesto por el Tribunal de Tierras y el Registro de Títulos, que con la aplicación de la nueva Ley 108-05, sobre Jurisdicción Inmobiliaria, han agilizado los procesos para obtener los Certificados de Títulos, constituyendo esto una protección y garantía fundamental del Derecho de Propiedad.
Asimismo el Centro Diocesano de Asistencia Jurídica (CEDAJUR), continúo cumpliendo con la responsabilidad social de formar orientadores legales, en los barrios y zonas rurales del Departamento Judicial, aupando así la resolución alternativa de conflictos; contribuyendo a la solución de los casos de menor cuantía, y por lo tanto a la paz social.
Este año el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, tendrá el privilegio, por primera vez en la Región Sur, de implementar el Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Penal, asumiendo así una nueva cultura procesal y dejando atrás el modelo formal del servicio judicial caracterizado por la burocracia, priorizando los valores democráticos de la función pública, tales como igualdad, democracia, participación y tolerancia; con el objetivo de ofrecer a l@s usuari@s un servicio público de calidad de forma tal que este sea un verdadero destinatario de ese servicio, optimizando así la aplicación del Código Procesal Penal.
Así las cosas, la jueza o el juez tendrá una dedicación exclusiva a la labor jurisdiccional, formando una estructura organizacional que tenga como mística la satisfacción de las necesidades comunitarias y que además facilite la transparencia, en la evaluación y el desempeño de l@s actores del sistema, imperando la responsabilidad y el espíritu de servicio, porque es indiscutible, que se beneficia más el que mejor sirve.
En suma, lograr una mejor justicia es compromiso de tod@s, motivos por los cuales debemos apostar al futuro promisorio de la justicia dominicana, lo cual podemos legitimar cada día con nuestro accionar, ya que la justicia que queremos tener dependerá siempre de las cosas que podamos hacer.
MAG. MANUEL ANTONIO RAMÍREZ SUZAÑA
Juez Presidente de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de San Juan de la Maguana.
¡Muchas Gracias!
Nunca como hoy el Poder Judicial Dominicano ha exhibido una independencia orgánica y funcional, en consonancia con el desarrollo que ha experimentado la sociedad dominicana, es por ello, que se ha de estar conciente de que la inamovilidad como principio constitucional debe plasmarse en la realidad como valor ético en la justicia pronta, eficiente y cumplida, porque como expresara Blas Pascal “El mejor libro moral es la conciencia.”
El Sistema Judicial Dominicano está compuesto por capital humano creativo e innovador, que legitima la justicia, mediante la tutela efectiva de los derechos de l@s justiciables, empleando el plazo razonable como un imperativo para salvaguardar los derechos fundamentales, lo que conlleva utilizar más que la inteligencia individual, la inteligencia colectiva.
La Reforma Constitucional, plantea un gran reto para la Justicia Dominicana, lo que debe entenderse como una oportunidad para crecer; pensando que en una sociedad democrática la principal regla es la competencia, en la cual deben interactuar líderes emprendedores, capaces de trascender en el tiempo, plasmando huellas socialmente ejemplificadoras. Es precisamente esto, lo que han de emular l@s operadores judiciales con decisiones que impacten positivamente la construcción del Estado Social Democrático de Derecho.
Oportuna es la ocasión para resaltar el honor conferido a la mujer dominicana en la persona de la Magistrada Eglys M. Esmurdoc, Segunda Sustituta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la cual forma parte de la Comisión Ejecutiva de los encuentros de Magistradas de Cortes Suprema de Iberoamérica, y asimismo destacar el accionar de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial Dominicano a nivel Nacional e Internacional, la cual durante el año 2009 emprendió una campaña de sensibilización de las juezas y los jueces de la República en los diferentes Departamentos, enfocando las causas y las formas de violencia desde un punto de vista práctico y concienciando l@s administrador@s de justicia en relación a la importancia de las libertades fundamentales, el reconocimiento y goce de los derechos humanos de las mujeres, así como el derecho de éstas a la plena participación en todas las esferas de la vida; realizando un excelente trabajo en equipo con el Ministerio Público y la Sociedad Civil, en suma, enarbolando la igualdad de género como parte de un postulado básico de paridad real de todos los seres humanos.
De igual manera en el año 2009, la Escuela Nacional de la Judicatura se consolidó como pilar fundamental del conocimiento, siendo un punto de convergencia de los operadores del sistema jurídico de toda Iberoamérica, lo cual más que un privilegio constituye un orgullo no sólo para el Poder Judicial, sino para todo el conglomerado social dominicano.
En el último lustro la Corte de Apelación ha concluido su labor decidiendo todos los casos año tras año, cumpliendo así con una administración de justicia enmarcada dentro del plazo razonable e instaurando también ésta práctica cada mes, a los fines de tutelar real y efectivamente los derechos de l@s justiciables, solucionando así la mora judicial. Esto ha sido posible, por la unidad de esfuerzos en la Mesa Multisectorial de los operadores de justicia de esta zona; Juez@s, Ministerio Público, Defensoría Pública, Abogad@s, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Encargado de Recinto Penitenciario y nuestro eficiente personal de apoyo. En verdad, en la solución de los conflictos administrativos y jurisdiccionales: “Nadie sabe tanto como todos juntos.”
Es importante reconocer también la capacidad y entrega de l@s integrantes de la Jurisdicción Inmobiliaria que funciona en este Departamento, compuesto por el Tribunal de Tierras y el Registro de Títulos, que con la aplicación de la nueva Ley 108-05, sobre Jurisdicción Inmobiliaria, han agilizado los procesos para obtener los Certificados de Títulos, constituyendo esto una protección y garantía fundamental del Derecho de Propiedad.
Asimismo el Centro Diocesano de Asistencia Jurídica (CEDAJUR), continúo cumpliendo con la responsabilidad social de formar orientadores legales, en los barrios y zonas rurales del Departamento Judicial, aupando así la resolución alternativa de conflictos; contribuyendo a la solución de los casos de menor cuantía, y por lo tanto a la paz social.
Este año el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, tendrá el privilegio, por primera vez en la Región Sur, de implementar el Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Penal, asumiendo así una nueva cultura procesal y dejando atrás el modelo formal del servicio judicial caracterizado por la burocracia, priorizando los valores democráticos de la función pública, tales como igualdad, democracia, participación y tolerancia; con el objetivo de ofrecer a l@s usuari@s un servicio público de calidad de forma tal que este sea un verdadero destinatario de ese servicio, optimizando así la aplicación del Código Procesal Penal.
Así las cosas, la jueza o el juez tendrá una dedicación exclusiva a la labor jurisdiccional, formando una estructura organizacional que tenga como mística la satisfacción de las necesidades comunitarias y que además facilite la transparencia, en la evaluación y el desempeño de l@s actores del sistema, imperando la responsabilidad y el espíritu de servicio, porque es indiscutible, que se beneficia más el que mejor sirve.
En suma, lograr una mejor justicia es compromiso de tod@s, motivos por los cuales debemos apostar al futuro promisorio de la justicia dominicana, lo cual podemos legitimar cada día con nuestro accionar, ya que la justicia que queremos tener dependerá siempre de las cosas que podamos hacer.
MAG. MANUEL ANTONIO RAMÍREZ SUZAÑA
Juez Presidente de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de San Juan de la Maguana.
¡Muchas Gracias!
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